Preguntas Frecuentes
El Portal de Auditoría Social y Ambiental es una plataforma para la difusión de información, producida por la auditoría, relacionada con el avance de las acciones de reparación e indemnización social y ambiental definidas en el Acuerdo Judicial de Reparación Integral.
El Acuerdo Judicial de Reparación Integral (AJRI, o Acuerdo) es un instrumento suscrito el 4 de febrero de 2021, con el Estado de Minas Gerais, el Ministerio Público del Estado de Minas Gerais (MPMG), la Defensoría Pública del Estado de Minas Gerais (DPMG), el Ministerio Público Federal (MPF) y VALE S.A. (VALE) como Partes. El objetivo del Acuerdo es definir las obligaciones que debe asumir y/o pagar VALE, con el objetivo de reparar íntegramente los daños, impactos negativos y pérdidas socioambientales y socioeconómicas causadas como resultado de la ruptura de las represas B-I, B-IV y B-IVA en la mina Córrego do Feijão, en Brumadinho/MG, ocurrida en enero de 2019, y sus consecuencias.
El Acuerdo Judicial de Reparación Integral establece las obligaciones de VALE para la reparación integral de los daños e impactos resultantes del colapso de las represas en Brumadinho, el 25 de enero de 2019. El Acuerdo divide las obligaciones de VALE en "Obligaciones de hacer", que es cuando la empresa es responsable de ejecutar las acciones, y "Obligaciones de pago", cuando la empresa es responsable de realizar pagos para que otra parte realice las acciones. Con respecto a las medidas para la reparación socioambiental integral de los impactos y daños resultantes del incumplimiento, el Acuerdo define que es obligación de VALE hacerlo, y los montos gastados para la reparación socioambiental integral y los proyectos relacionados con ellos, con excepción de la compensación ambiental, no se consideraron a los efectos del cálculo del valor máximo del Acuerdo. También prevé la realización de auditorías externas independientes para evaluar el desarrollo y ejecución de los proyectos previstos en el Acuerdo, considerando la adecuación de los objetivos, metas, resultados, cronograma y adecuación técnica en relación con las normas y estándares técnicos establecidos. Los parámetros utilizados para verificar el cumplimiento de las obligaciones de recuperación socioambiental completa serán los previstos en las normas e indicadores brasileños definidos en el Plan de Reparación Socioambiental, siendo elaborados por un contratista, financiado y bajo la responsabilidad de VALE, en procedimientos administrativos, después de las aprobaciones del Sistema Ambiental Nacional (SISEMA) y las validaciones de las Partes, con el apoyo de la Auditoría Socioambiental, asegurando la efectividad de medidas técnicas y ambientales viables.
La Auditoría Social y Ambiental audita el desarrollo de estudios, planes, proyectos y la ejecución de acciones, por parte de VALE, relacionadas con los programas de los Anexos II.1 y II.2 del Acuerdo, siendo el Anexo II.1 el de recuperación social y ambiental y el Anexo II.2 el de compensación social y ambiental por daños ya conocidos. Es responsabilidad de la Auditoría Social y Ambiental evaluar los alcances, objetivos, ejecución de los proyectos acordados y los resultados esperados. La Auditoría Social y Ambiental emite informes mensuales y opiniones técnicas para apoyar el análisis y la decisión del SISEMA y de las Partes en el marco del Acuerdo. Mensualmente, la Auditoría Social y Ambiental presenta a las Partes del Acuerdo los resultados de los proyectos y acciones que lleva a cabo VALE, definidos en los Anexos II.1 y II.2.
La Auditoría Social y Ambiental no realiza actividades de inspección y gestión. Las funciones de la Auditoría están relacionadas con la auditoría y análisis de la adecuación, eficacia y consecución de los resultados esperados, de los planes, proyectos, programas y acciones, y los resultados de esta auditoría se informan mensualmente para su conocimiento y posible toma de decisiones y deliberaciones de los órganos del Estado y Partes del Acuerdo.
La auditoría socioambiental no aprueba proyectos, no autoriza y supervisa la ejecución de proyectos y obras, no libera pagos, no tiene la atribución de paralizar la ejecución de proyectos u obras y no otorga la exoneración a los programas previstos en el Acuerdo Judicial de Reparación Integral.
AECOM ha estado auditando el desarrollo de los Estudios de Riesgo para la Salud Humana y Riesgos Ecológicos (ERSHRE) desde su creación. En 2021, el Acuerdo definió la continuidad del ERSHRE contratado y financiado por VALE, así como la continuidad de la auditoría independiente bajo los términos del Plazo de Compromiso firmado por la Fiscalía de Minas Gerais y VALE el 15 de febrero de 2019, en cumplimiento de las normas, directrices, indicadores y metodología ya aprobados por el Ministerio de Sanidad y otros organismos públicos competentes.
La información generada por la Auditoría Social y Ambiental durante el seguimiento de proyectos y actividades relacionadas con los programas del Convenio se consolida en informes mensuales de auditoría. Estos informes detallan la ejecución de proyectos y acciones, de acuerdo con los parámetros establecidos por las Partes, y están disponibles para su consulta en el Portal de Auditoría Social y Ambiental en la sección Documentos.
Los documentos de la autoría de la Auditoría están disponibles en el Portal de Auditoría Socioambiental, como los Informes Mensuales y las Notas Técnicas requeridas por las Agencias Estatales y Contratantes, así como los documentos relacionados con las opiniones independientes desarrolladas por la Auditoría. A solicitud del Comité Pro-Brumadinho, el Portal de Auditoría Socioambiental también brinda acceso a los capítulos ya validados del Plan de Recuperación Integral Socioambiental de la cuenca del río Paraopeba y a los documentos validados relacionados con el Estudio de Riesgo para la Salud Humana y Riesgo Ecológico.
Acceda a la sección Documentos y utilice los filtros Instrumento legal, Tema, Tipo, Autor y Fecha para encontrar un documento específico. También puede buscar un texto específico en el campo de búsqueda. En este caso, se enumerarán todos los documentos que contengan el texto buscado.
En la página de inicio del Portal, haga clic en la sección "Documentos de auditoría". Identifíquese informando su CPF y fecha de nacimiento, lea y acepte los Términos de uso y luego haga clic en "Acceder".
Los datos se solicitan por motivos de ciberseguridad y prevención del fraude, más concretamente para la identificación y autenticación de que el usuario es un individuo real y no un robot o un perfil falso. Los datos, sin embargo, se almacenan encriptados para garantizar la seguridad total de la información personal del usuario.
Los indicadores previstos en el Acuerdo y divulgados por la Auditoría Social y Ambiental son las métricas utilizadas para medir la efectividad de las acciones de reparación integral, compensación por los impactos y daños socioambientales ya conocidos resultantes de la ruptura de las represas B-I, B-IV y B-IVA en la mina Córrego do Feijão, en Brumadinho/MG. El Acuerdo prevé diferentes parámetros para evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los anexos II.1 y II.2 y en los estudios de evaluación de riesgos para la salud humana y ecológicos.
Actualmente, la definición de los indicadores de reparación socioambiental está en discusión entre las Partes del Acuerdo. Cuando se establezca, se puede acceder al seguimiento de estos indicadores en la página de inicio del Portal, haciendo clic en la sección "Indicadores".
El Acuerdo Judicial de Reparación Integral fue firmado el 4 de febrero de 2021 por el Estado de Minas Gerais, el Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG), el Ministerio Público Federal (MPF), la Defensoría Pública de Minas Gerais (DPMG) y VALE.
Los indicadores definidos en el Plan de Reparación Social y Ambiental son métricas que se utilizarán para medir la efectividad de las acciones de reparación social y ambiental integral de los impactos y daños resultantes del colapso de las represas B-I, B-IV y B-IVA en la mina Córrego do Feijão, en Brumadinho/MG.
Los recursos no provienen del Acuerdo. Se trata de un proyecto especial, cuya ejecución sigue la misma gobernanza adoptada bajo el Acuerdo y el coste es responsabilidad de Vale, sin estar sujeto a sus límites. Para el estudio se aplica el principio de que el contaminador paga, según el cual la persona responsable del daño asume directamente los costes de las medidas necesarias para su reparación o mitigación.
Es un estudio técnico-científico para verificar la calidad de los alimentos procedentes de la producción agrícola, la pesca y la piscicultura en la cuenca del río Paraopeba y verificar su relación con el colapso.
No, la información proporcionada por las personas es para uso exclusivo del Equipo de Ejecución, en cumplimiento con la Ley General de Datos (LGPD). El estudio solo revisa los resultados obtenidos, que son públicos, sin mencionar información personal y protegidos por la LGPD. Es importante destacar que el Estudio tiene autonomía técnica respecto a Vale, lo que significa que no participa en la ejecución y su función es únicamente contratar y pagar por la ejecución. En cuanto a las demás partes, va acompañado: i) por la Secretaría de Estado de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Minas Gerais (SEAPA), responsable de aprobar la metodología, el seguimiento técnico, la inspección y la validación de las etapas y resultados, actuando como instancia final del análisis de productos; (ii) mediante una auditoría técnica independiente (realizada por AECOM), que supervisa la implementación; iii) por las Partes, representadas por la Fiscalía de Minas Gerais (MPMG), la Fiscalía Federal (MPF), la Defensoría Pública (DPMF) y la Secretaría de Planificación y Gestión de Minas Gerais (SEPLAG), que supervisa la gobernanza y el progreso del Estudio, promoviendo la articulación entre los implicados.
Se planifican actividades para aplicar cuestionarios de frecuencia alimentaria (QQFA), para evaluar el consumo de alimentos de los residentes, y el cuestionario agrícola (QAgro), para obtener información sobre la producción agrícola y pesquera en la región. También se harán colecciones de alimentos de origen agrícola, peces (artesanales y piscicultura), suelo, agua y sedimentos.
El área cubierta por el estudio comprende 29 municipios de la región, que son: Abaeté, Betim, Biquinhas, Brumadinho, Cachoeira de Prata, Caetanópolis, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Inhaúma, Juatuba, Maravilhas, Mateus Leme, Morada Nova de Minas, Mário Campos, Martinho Campos, Paineiras, Papagaios, Paraopeba, Pará de Minas, Pequi, Pompeu, São Joaquim de Bicas, São João da Varginha, São Gonçalo de Abaeté y Três Marias. Dentro del área de cobertura, el área de estudio (que incluye la que sufre la influencia de las aguas del río Paraopeba y los puntos de control) será delimitada durante el desarrollo del estudio.
El estudio tiene como objetivo producir evidencia técnica sobre la producción agrícola y el pescado, con el fin de apoyar la toma de decisiones por parte de los organismos competentes y la sociedad.
Las residencias participantes se seleccionan mediante sorteo, siguiendo los criterios definidos en la metodología de investigación. Este procedimiento garantiza que la selección sea imparcial y representativa de la población estudiada. Por esta razón, no es posible solicitar la inclusión de una residencia que no haya sido dibujada. Si se selecciona tu residencia, el equipo de campo se pondrá en contacto durante las actividades en el municipio.
Los cuestionarios agrícolas y alimentarios no se aplicarán con el objetivo de investigar, ni cualitativa ni cuantitativamente, la percepción del riesgo alimentario de las comunidades afectadas, ya que este enfoque está fuera del alcance del presente estudio. El enfoque de los instrumentos está en la recopilación de información relacionada con la producción y los aspectos alimentarios en el territorio.
Se recogerán alimentos de origen agrícola (por ejemplo, verduras, frutas, cereales, productos animales), pescado (artesanal y piscicultura), suelo, agua y sedimentos.
Los resultados del estudio serán entregados a la Fiscalía, la Oficina del Defensor Público, SEAPA y otras agencias gubernamentales, y corresponde a ellos difundirlos.